El Periódico de España ha noticiado que «si finalmente no prospera, los problemas judiciales de Juan Carlos I quedarán resueltos, dentro y fuera de España». «La mácula en su figura institucional permanece intacta pero sin la amenaza de que las indagaciones de la Fiscalía concluyan con la presentación de una querella ante el Tribunal Supremo», añaden.

«Las razones que llevaron a Felipe VI, con el respaldo activo del Gobierno, a propiciar que abandonara España, habrán desaparecido. Ninguna investigación obligará ya al rey emérito a permanecer en su exilo de Abu Dabi», explican.

Por ello exponen que «la operación de retorno de Juan Carlos I a España se ha puesto en marcha». «Se baraja instalarle en una propiedad que sea patrimonio del Estado».

A raíz de esta información en redes sociales se ha desatado una corriente crítica contra Zarzuela y este planteamiento: «Acogemos delincuentes en lugar de refugiados, y así nos va», expresaba la periodista Tania Lezcano.

Desde el ABC consideran, además, que «el Gobierno asume con dudas la posible vuelta de Juan Carlos I a España». «Fuentes afirman que el Gobierno no tiene claro cómo gestionar la situación una vez que empieza a asumirse que el fin del proceso penal y la inequívoca voluntad del padre del Rey llevan a considerar que este escenario es cada vez más factible».

Pero su vuelta se hace tangible. Desde Voz Populi afirman que «Felipe VI ha puesto en marcha una negociación con su propio padre para pactar las condiciones del regreso».

«Zarzuela ha enviado a una persona de la máxima confianza de Juan Carlos I para calmar los ánimos y, sobre todo, para buscar una solución, a corto plazo, que satisfaga a todas las partes».