Batet cede a las presiones de Marchena y las derechas y retira el acta de diputado a Alberto Rodríguez

Actualidad 22 de octubre de 2021 Por Redacción
Ha tomado esta polémica decisión desoyendo el criterio de los letrados de la Cámara Baja y asumiendo la interpretación de la sentencia del juez Marchena

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La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha decidido finalmente retirar su escaño de diputado por Santa Cruz de Tenerife a Alberto Rodríguez. Batet ha tomado esta polémica decisión desoyendo el criterio de los letrados de la Cámara Baja y asumiendo la interpretación de la sentencia del juez Marchena. En la tarde de hoy la presidenta del Congreso se ha puesto en contacto personalmente con el ex secretario de organización de Podemos para comunicarle su suspensión como diputado.

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También ha comunicado esta decisión a la Secretaría General del Congreso y a la Junta Electoral Central (JEC), a los efectos de la cobertura de la vacante que dejará Rodríguez en el Congreso. El número dos de la lista de Unidas Podemos por Tenerife lo ocupó Fátima González Bello, quien ahora deberá decidir si coge o no su acta.

Se ha remitido oficio trasladando copia de estas comunicaciones al Tribunal Supremo, que fue el que, el pasado 7 de octubre, condenó a Rodríguez por un delito de atentado a un agente de la autoridad a una pena de un mes y medio de prisión, sustituida en el fallo por una multa de 540 euros, y otra accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el mismo tiempo.

Es esa sustitución de la pena de cárcel por una sanción, que además el diputado pagó pocos días después, lo que esgrimieron los letrados del Congreso en el informe que redactaron sobre este caso, donde concluían que la sentencia del Supremo no debía tener efectos extra penales. De hecho, los servicios jurídicos argumentaban que la pena privativa de libertad, que sí hubiera conllevado que el diputado perdiera el escaño, no llegó "a nacer en ningún momento" al haber sido sustituida desde su origen por una sanción económica.

La decisión ha ocasionado un gran revuelo en la opinión pública y en el seno de las fuerzas políticas progresistas que ven en esta maniobra un "atentado contra la democracia".

Fuente: laultimahora.es

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