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El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar mañana el anteproyecto de ley de Memoria Democrática, para su remisión a Cortes, tal y como lo dejó elaborado la exvicepresidenta Carmen Calvo.
Esta norma estaba previsto que recibiera el visto bueno del Ejecutivo en la reunión del Gabinete del 13 de julio, pero la remodelación del Gobierno que realizó el presidente, Pedro Sánchez, pospuso su aprobación.
Este aplazamiento se produjo porque el nuevo ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, optó por esperar una semana más para analizar más aún un texto que ya conocía en profundidad y que ahora llevará su rúbrica.
Según fuentes gubernamentales, el Ejecutivo persigue con esta ley dos objetivos: por un lado, la recuperación, salvaguarda y difusión de la memoria democrática; y, por otro, y de una manera muy significativa, el reconocimiento de quienes padecieron persecución o violencia durante el periodo comprendido entre el golpe de Estado de 18 de julio de 1936, la Guerra Civil y la posterior dictadura franquista hasta la promulgación de la Constitución Española de 1978.
Esta norma, que nace a partir de la ley de Memoria Histórica que aprobó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2007, declara nulas las condenas y sanciones dictadas durante la guerra civil y dictadura por órganos de represión franquista, por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa o de orientación e identidad sexual.
Asimismo, hace un reconocimiento de la memoria democrática de las mujeres mediante una mención especial al papel activo de las mujeres en la lucha por la democracia, algo que se repara en la ley de una forma transversal en toda ella.
También establece la apuesta clara por adoptar medidas necesarias para la reparación en cuanto a la represión y violencia que sufrieron por su actividad pública, política, sindical o intelectual durante la guerra o en la dictadura o como madres, compañeras o hijas de represaliados o asesinados.
Del mismo modo, se establecen medidas para evitar la exaltación de la guerra civil y la dictadura franquista, mediante la retirada de símbolos y elementos contrarios a la Memoria Democrática, así como distinciones, títulos, condecoraciones y recompensas o supresión de títulos nobiliarios concedidos a los protagonistas o impulsores del alzamiento, la guerra o la dictadura.
Una de las medidas esperadas de la norma, y de la que Calvo no ofreció detalles, es la “fórmula” encontrada para prohibir la Fundación Franco tras el apunte del CGPJ que le pidió que empleara otro camino al inicialmente previsto en el borrador de la norma.
Además, se actualizarán los contenidos curriculares para la Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional y Bachillerato con medidas encaminadas a promover el deber de memoria mediante acciones en los diferentes ámbitos educativos y de formación del profesorado, la investigación y la divulgación de la Memoria Democrática.
La norma declara como Lugar de Memoria el Centro Documental de la Memoria Democrática de titularidad y gestión estatal y dependiente del Ministerio de Cultura, con sede en la ciudad de Salamanca. Éste se encargará de custodiar y difundir los fondos documentales y bibliográficos relativos al periodo histórico comprendido entre 1936 y 1978.
De esa manera, considera el Gobierno, se garantiza el derecho al libre acceso a los archivos públicos y la consulta de documentos históricos sobre la guerra y la dictadura; y se crea un censo de fondos documentales para la Memoria Democrática.
La ley fija dos días oficiales para la Memoria: por un lado, el 31 de octubre como Día de recuerdo y homenaje a todas las víctimas; y el 8 de mayo como Día de recuerdo y homenaje a las víctimas del exilio como consecuencia de la guerra y la dictadura.
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