El Gobernador del banco de España defiende la explotación laboral al afirmar que la subida del SMI ha perjudicado el empleo

Con algún que otro rodeo –dirigido a camuflar lo ideológico detrás de lo supuestamente técnico– pero de una forma un tanto sui géneris –sumando los puestos de trabajo que se destruyeron con los que, según sus propios cálculos, se habrían creado si no se hubiera subido el Salario Mínimo Interprofesional y no se crearon– y sobre todo sin pudor, el Banco de España ha vuelto a ponerse de parte de la explotación laboral, al sostener en un informe básicamente que el aumento del SMI en 2019 hasta los 12.600 euros al año –900 euros al mes en 14 pagas, una cifra que apenas daba, si es que lo daba, para vivir con dignidad a una persona, y menos a una familia– destruyó mucho empleo. El mismo Banco de España que no vio inflarse la burbuja inmobiliaria ni venir la crisis de 2008. El mismo Banco de España cuyo gobernador, Pablo Hernández de Cos –a quien nombra el jefe del Estado a propuesta del presidente del Gobierno–, cobró aquel mismo 2019 un total de 182.198 euros –13.014 euros al mes en 14 pagas–, complementos personales al margen.

El informe ‘Los efectos del Salario Mínimo Interprofesional en el empleo: nueva evidencia para España’, publicado este martes por el Banco de España, es precisamente el que sostiene que, tras la subida del SMI en 2019, “hubo un menor crecimiento del empleo del colectivo con menores salarios”. El informe es el hasta ahora último de la serie ‘Documentos Ocasionales’, que “tiene como objetivo la difusión de trabajos realizados en el Banco de España, en el ámbito de sus competencias, que se consideran de interés general” y cuyas “opiniones y análisis son responsabilidad de los autores y, por tanto, no necesariamente coinciden con los del Banco de España o los del Eurosistema”; este último es la autoridad monetaria de la zona euro y está integrado por el Banco Central Europeo y los bancos centrales de los Estados miembros con el euro como moneda, incluido el propio Banco de España.

Esos autores del informe son los economistas del propio Banco de España Cristina Barceló, Mario Izquierdo, Aitor Lacuesta, Sergio Puente, Ana Regil y Ernesto Villanueva, que en el documento agradecen en general “los comentarios de los asistentes al seminario interno del Banco de España y a la presentación realizada a expertos externos” y especialmente “las observaciones” de los dos “comentaristas invitados”: Sara de la Rica, directora de la fundación ISEAK (Initiative for Socio-Economic Analysis and Knowledge) –presidida por Ana Revenga, ex economista jefe adjunta del Banco Mundial y actual consejera y accionista del BBVA, cuya fundación es una de las entidades colaboradoras de la propia ISEAK–, y Carlos Martín, director del Gabinete Económico de CCOO, departamento adscrito a la Secretaría General del sindicato mayoritario en España, según el cual ese gabinete “elabora sus análisis e investigaciones con criterios de independencia y solvencia metodológica”.

El 21 de diciembre de 2018, el Consejo de Ministros aprobaba el real decreto por el que a partir del 1 de enero de 2019 el SMI subiría desde los 736 euros al mes en 14 pagas hasta los 900 euros al mes en 14 pagas, lo que supuso un aumento del 22,3%, el mayor desde 1977, es decir desde hacía más de cuatro décadas. El Gobierno central destacó entonces que esa subida del SMI beneficiaría a 2,5 millones de trabajadores –más de la mitad de ellos, mujeres– y que sus objetivos eran combatir la pobreza en el trabajo, aumentar el nivel de vida de los trabajadores peor pagados –principalmente, mujeres y jóvenes– y acercarse a la media salarial del conjunto de Europa, de la que España aún estaba –y está– lejos.

Dos años y medio después, el informe del Banco de España –aunque reconoce que en los últimos años hasta organismos internacionales como la OIT, la OCDE, el FMI o el Banco Mundial “han abogado por incrementos del SMI” y la propia Comisión Europea “ha publicado una propuesta de directiva en favor de adecuar la cuantía de los salarios mínimos en los Estados miembros al coste de vida en cada uno de ellos”– asegura que ha utilizado “diferentes datos y enfoques para analizar el impacto en el empleo” de ese aumento del SMI en 2019 y que “del análisis se desprende que, tras el incremento del SMI en dicho año, hubo un menor crecimiento del empleo del colectivo con menores salarios”.

Según los datos facilitados por el propio Banco de España, aquel año 2019 el sueldo anual bruto del gobernador del propio Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ascendió a 182.198 euros; el de la subgobernadora, Margarita Delgado, a 172.299 euros, y el del secretario general, Javier Priego; los seis directores generales –Óscar Arce (Economía y Estadística), Concepción Jiménez (Efectivo y Sucursales), Ángel Estrada (Estabilidad Finaciera, Regulación y Resolución), Juan Ayuso (Operaciones, Mercados y Sistemas de Pago), Alejandro Álvarez (Servicios) y Mercedes Olano (Supervisión)– y los cinco directores generales adjuntos a entre 153.862 y 151.360 euros, “con independencia de los complementos personales que pudieron corresponderles” a todos ellos.

“El Banco de España, ese que retribuye a su gobernador con 20 salarios mínimos interprofesionales, dice que subir el salario a quienes ganan sólo uno destruye mucho empleo”, ironiza el profesor de Economía Aplicada de la Universidad Complutense y responsable de Elaboración Programática de Izquierda Unida, Carlos Sánchez Mato, consultado por LUH

Dos posibilidades, y ambas muy preocupantes

Hay dos posibilidades: que lo que sostiene el informe del Banco de España –básicamente, que la subida del SMI en 2019 hasta los 900 euros al mes destruyó mucho empleo– sea falso o que sea cierto, y ambas posibilidades son muy preocupantes. La primera porque supondría que el banco central español –supervisor, junto al Banco Central Europeo y en el marco del Mecanismo Único de Supervisión, del sistema bancario español– o al menos su documento falta a la verdad, y la segunda porque supondría que un número importante de empresas no pueden o no quieren pagar ni siquiera 900 euros al mes al menos a algunos de sus trabajadores.

Sánchez Mato recuerda que en 2019, “un año de ralentización económica y en el que se subió el salario mínimo un 22,3%”, la economía española “creó 402.300 puestos de trabajo” en 2019, y explica que “lo que dice el Banco de España básicamente es que esa subida restó potencial a una subida superior del empleo, ya que fue inferior a los más de 500.000 puestos de trabajo al año creados entre 2015 y 2018 o a los 433.000 creados en 2014”. Frente a ello, el profesor de Economía Aplicada califica de “ventajista” atribuir al aumento del SMI “la reducción del ritmo de crecimiento en el empleo de la economía española”, y en este sentido destaca “los muchos factores que ya aquel año señalábamos los economistas heterodoxos y que mostraban el agotamiento de un crecimiento económico que estuvo en gran medida basado precisamente en la devaluación salarial, en el agotamiento de mercados exteriores y en la ralentización de exportaciones”.

El responsable de Elaboración Programática de IU recuerda que la pobreza ya no está definida por “la carencia de empleo” y que, por el contrario, dentro de ella el grupo más numeroso “cada vez más” es “el de las personas ocupadas”. Que el informe ‘El estado de la pobreza. Seguimiento del indicador de pobreza y exclusión social en España 2008/2019’, publicado el pasado mes de octubre por EAPN-ES (Red europea de lucha contra la pobreza y la exclusión social en el Estado español), “dijera que más del 26% de la población del país estaba en riesgo de pobreza y exclusión social” sí que “debería haber alarmado al Banco de España”, porque eso, “además de suponer una vergüenza como país”, sí que “lastra el crecimiento económico”, añade Sánchez Mato.

El profesor de Economía Aplicada destaca asimismo que, con su informe publicado este martes, el Banco de España “parece lanzar un mensaje claro a nuestra juventud precaria”: el de que “no hay esperanza alguna de obtener mejoras en el seno de este sistema económico depredador” porque “si se sube el salario mínimo, no se crea empleo”. “Básicamente, reconoce el fracaso del capitalismo a la hora de proporcionar condiciones materiales dignas de vida para la gente”, insiste Sánchez Mato, que en este sentido considera que “toca superarlo, porque aceptar la explotación y la precariedad no creo que sea una opción para quienes tienen todo el derecho a aspirar a mucho más”.

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