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Aguirre vende un Goya sin protegerlo como bien cultural y Díaz Ayuso regala al Grupo Planeta una Universidad privada, y un contrato a dedo de 14,5 millones de Euros.
Actualidad - España19/04/2021Un cuñado de Aguirre ha denunciado a la expresidenta de Madrid y a su marido por estafa, fraude fiscal, blanqueo y apropiación indebida por quedarse con cinco millones de euros de la venta de un retrato pintado por Goya a un antepasado.
Lo cuenta Ignacio Escolar en una exclusiva del medio que dirige: El Diario. El cuadro (un retrato de Valentín Belvís de Moncada y Pizarro, marqués de Villanueva del Duero, teniente general del Ejército de Carlos IV y grande de España, antepasado de la familia política de Aguirre) llevaba décadas colgado encima de una chimenea en la planta de arriba del palacete donde residen la expresidenta de Madrid y su marido, Fernando Ramírez de Haro.
La pintura, que no está firmada pero que no deja dudas sobre la autoría de un retrato que Ignacio Ramírez de Haro, conde de Bornos y suegro de Esperanza Aguirre, tuvo en su casa toda su vida, fue peritado en marzo de 2012, dos años después de la muerte del suegro de Aguirre. De esta manera se descubrió que se trataba de un nuevo Goya.
Sin embargo, ninguna de las administraciones obligadas por las leyes que regulan el patrimonio histórico español movieran un dedo para proteger este cuadro. Ni la Comunidad de Madrid ni el Gobierno central iniciaron los trámites para incluir esta importante obra en el catálogo de bienes culturales protegidos. Esta obra maestra de Goya sigue sin estar protegida como Bien de Interés Cultural, un registro en el que figuran 168 obras atribuidas al pintor aragonés.
Tan solo cuatro meses después del hallazgo, el 18 de julio de 2012, Fernando Ramírez de Haro y Esperanza Aguirre (que está casada en régimen de gananciales) vendieron el Goya al empresario Juan Miguel Villar Mir. Una compraventa que hoy está en los tribunales.
La Ley del Patrimonio Histórico Español obliga a las administraciones a proteger como bienes de interés cultural aquellas obras que forman parte del patrimonio histórico, como este cuadro. Las autonomías tienen que realizar esta declaración cuando aparece una obra de estas características.
Si la obra está protegida, como debió haber sucedido con este cuadro, el valor es transparente para el Estado y la ley obliga a los vendedores a comunicar al Ministerio de Cultura cada compraventa al detalle, con el precio pagado, siendo conocido su valor real por tasaciones oficiales. Esto deriva en una mayor carga tributaria difícil de evitar mediante la ocultación de parte de su precio.
En Madrid es el consejo de Gobierno el que tiene la obligación de realizar esta declaración de ‘Bien de Interés Cultural’ para proteger este tipo de obras. Un consejo de Gobierno que, en aquel momento, presidía Esperanza Aguirre.
En febrero de 2019, el cuñado de Aguirre demandó a la pareja al comprobar que no pensaban compartir los cinco millones que pagó Villar Mir con el resto de los herederos.
CTXT y Público han realizado un reportaje conjunto que ejemplifica la corrupción universitaria que se vive en Madrid, cuyo recuerdo más cercano nos trae al «Caso Máster», la vergonzosa situación de los títulos de posgrado supuestamente regalados por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid a políticos.
En agosto de 2019, Isabel Díaz Ayuso, una semi-desconocida cercana a Esperanza Aguirre, llegó al poder en la Comunidad de Madrid después del episodio de Cifuentes y las cremas que supuestamente robo y por las que tuvo que dimitir, y de Ángel Garrido, su número dos y luego sustituto en funciones.
Tal y como recoge el especial desarrollado por los dos medios, Ayuso pidió en julio de 2020 al Consejo de Gobierno que comenzase un proyecto de ley para conceder una licencia de universidad privada a la Escuela de Administración de Empresas (EAE), empresa perteneciente al Grupo Planeta, que presta formación universitaria en instalaciones propias desde 2015 amparada de la Universidad Rey Juan Carlos.
La EAE era un centro adscrito, lo que significa que no tiene licencia para funcionar como universidad independiente, por lo que no puede emitir títulos con su nombre y debe ceder un porcentaje de sus matrículas a la Rey Juan Carlos.
Sin embargo, Ayuso concedió al EAE de Grupo Planeta una licencia de universidad privada a través de una votación por el procedimiento de urgencia el 12 de noviembre de 2020 y se consuma con los votos a favor de PP, Cs y Vox. En octubre, concedió un contrato de emergencia de 14,5 millones de euros al holding educativo de Planeta y a Informática El Corte Inglés para dotar de materiales digitales a las clases desde 5º Primaria a segundo de Bachillerato.
La Comunidad de Madrid sumaba ya once universidades privadas por aquel entonces, además de 38 centros privados de estudios superiores, mientras el número de universidades públicas se había mantenido en seis desde que se fundó la Rey Juan Carlos 25 años atrás. Con esta nueva concesión, Madrid pasó a tener 12 universidades privadas, frente a seis públicas.
CCOO denunció que se trataba de la cuarta universidad privada que autorizaba la Comunidad de Madrid en solo quince meses. El 7 marzo de 2019, la Asamblea aprobó convertir en universidades privadas a la Escuela Superior de Gestión Comercial y Marketing (ESIC), el Colegio Universitario de Estudios Financieros (CUNEF) y la Universidad Internacional Villanueva.
(contrainformación.es)
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