< p>Los letrados del Congreso de los Diputados avalan "admitir a trámite y trasladar a laJuntade Portavoces, para su eventual inclusión en el orden del día de una próxima sesión plenaria", la petición de Unidas Podemos de crear una comisión de investigación sobre el presunto uso de tarjetas opacas por parte del Rey emérito.

La propuesta de los letrados, a la que tuvo acceso Servimedia, avala la admisión a trámite de esa iniciativa, y puntualiza que son las propias comisiones de investigación las que elaboran su propio plan de trabajo "y pueden decidir sobre la celebración de comparecencias sin que quepa predeterminar cómo han de acordarse aquéllas".

Lo precisan por la pretensión de los impulsores de la iniciativa de llamar a comparecer a quien "pueda resultar, por las informaciones conocidas, política, penal, civil, o administrativamente responsable de las prácticas" cuya investigación constituye el objeto de la comisión". Según el Reglamento del Congreso, apuntan, son las comisiones las que elaboran su propio plan de trabajo "y pueden requerir a presencia de cualquier persona par ser oída".

A pesar de ese aval de los letrados, la Mesa del Congreso, en su reunión de este miércoles, rechazará la admisión a trámite de esa iniciativa por el voto en contra de una mayoría que incluirá a los representantes del PSOE, según confirmaron fuentes parlamentarias a Servimedia.

El portavoz de Unidas Podemos en la Cámara Baja, Pablo Echenique, se quejó este martes de que el PSOE esgrima “que el Congreso no puede controlar al Rey” justo “ahora que los letrados nos avalan” para poder llegar a poner en marcha esa comisión. Lo hizo en su perfil oficial de Twitter tras haber asegurado en un mensaje previo que su grupo ha sido capaz de sortear las pegas jurídicas de los letrados.

El argumento del PSOE para oponerse a esa toma en consideración será que no hay encaje en el ordenamiento jurídico para que una institución investigue a otra, en este caso el Parlamento a la Jefatura del Estado. Desde el partido liderado por Pedro Sánchez, también esgrimirán que hay sentencias del Tribunal Constitucional que avalan que el Congreso no tiene competencias para investigar a quien fue Jefe del Estado.

Tras ello, Echenique volvió a valerse de Twitter para recordar que “primer nos dijeron que la inviolabilidad protege delitos en la vida privada del Rey” y “luego que lo protege después de la abdicación”. “Ahora que los letrados nos avalan, (nos dicen) que el Congreso no puede controlar al Rey”, censuró Echenique, antes de defender que las comisiones de investigación “no son de control.

Interés Público

Se refirió aquí al artículo 76.1 de la Constitución española, que señala que el Congreso y el Senado podrán nombrar comisiones de investigación “sobre cualquier asunto de interés público”.

También mentó el artículo 52 del Reglamento del Congreso de los Diputados, en cuyo apartado uno se señala que el Pleno de la Cámara, a propuesta del Gobierno, de la Mesa, de dos grupos parlamentarios o de la quinta parte de sus miembros podrá acordar la creación de una comisión de investigación “sobre cualquier asunto de interés público”.

Ya en su mensaje anterior, en el que informaba de que los letrados del Congreso “recomiendan admitir a trámite nuestra comisión de investigación” sobre Juan Carlos I, Echenique recalcaba −en alusión indirecta al PSOE− de que la decisión a partir de ahora sería “puramente política”.

Fue el pasado 17 de diciembre cuando Unidas Podemos, ERC, EH Bildu, Más País, CUP, BNG y Compromís registraron de nuevo una solicitud para crear una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados sobre el uso de tarjetas opacas por el Rey emérito, después de que la Mesa rechazara una petición casi idéntica poco antes.

La iniciativa defendía que, más allá de la vía judicial, estos hechos son de "interés público", motivo que recalcaron que justificaba la creación de comisiones de investigación.

Además, en esta petición, los partidos proponentes de la comisión citaban que la Ley de 2014 que complementó la Ley del Poder Judicial estableció que los actos amparados por la inviolabilidad del monarca son "todos los actos realizados por el Rey o la Reina durante el tiempo en que ostentara la jefatura del Estado", mientras que "los que realizare después de haber abdicado quedarán sometidos, en su caso, al control jurisdiccional", si bien emplazaba a que "se precisa establecer su regulación en la Ley Orgánica del Poder Judicial".

(SERVIMEDIA)