Ayuso y Aguado impiden que vayan a la Asamblea profesionales y familiares de residentes

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Las irregularidades en la gestión de las residencias de ancianos durante el pico pandémico son evidentes. Desde el documento del Hospital Infanta Cristina, donde salía a la luz la orden gubernamental de prohibir el traslado de ancianos contagiados a hospitales, hasta la no medicalización de los centros y residencias de mayores. Ayuso está en el punto de mira, investigada, incluso, a nivel judicial por su gestión durante los momentos más duros de la crisis.

Sin embargo, su corporación de Gobierno sigue sin querer rendir cuentas sobre lo que ha podido ser el mayor escándalo en su corto período al frente de la Asamblea. Lo último: haber negado la comparecencia ante la Comisión de Investigación de diferentes personalidades para esclarecer la flagrante problemática. Todo ello, por supuesto, apoyado por sus socios de gobierno, Ciudadanos.

Unidas Podemos, de cara a esclarecer la investigación, proponía la comparecencia ante dicha Comisión de personalidades como Manuel Rico, director de ‘InfoLibre’, Eduardo Esteban Aragonés, gerente de Transamed que presentó pruebas sobre la ‘Operación Bicho’ –el supuesto plan de choque aprobado por Ayuso para medicalizar las residencias que duró, tan solo, 12 días–, Miguel Ángel López, portavoz de Familiares de la Residencia González Bueno, Rosa Ana Castillo Calvo, de la Asociación de Familiares de la Residencia Montehermoso de Madrid, Carlos Álvarez Rincón, de la Marea de Residencias, Jaime Gaitero Antón, Oficial de área del Cuerpo de Bomberos y Alejo Joaquín Miranda de Larra Arnáiz, Director General de Infraestructura Sanitaria.

Todos ellos, considerados piezas clave para esclarecer cuál ha sido la gestión de las residencias que el Gobierno de la Comunidad de Madrid llevó a cabo debido a las responsabilidades que ostentan. Han vetado, además, la comparecencia de familiares de residentes fallecidos.

Esto contrasta con la petición por parte de PP y Ciudadanos de la comparecencia de, incluso, el presidente del Gobierno, a pesar de que las competencias sobre las residencias han estado, estado de alarma inclusive, en manos de las Comunidades Autónomas.

La gestión del PP y Ciudadanos ha cruzado, para muchos madrileños, incluido el propio consejero Alberto Reyero de Ciudadanos, la línea de la legalidad. Incluso el TSJM ha requerido en varias ocasiones, hasta la fecha sin éxito, la medicalización de las residencias de Alcorcón y Leganes. 'InfoLibre', por su parte, reveló que el IFEMA se negó a atender a los mayores, recibiendo solo a 23 de los miles de mayores que fallecieron durante la pandemia. El Hospital IFEMA, ejemplo para el PP de buena gestión, no solo no atendió a los mayores residentes, sino que varios de sus contratos han sido cuestionados por la oposición por su opacidad y sus sobrecostes.

Fuente obtenida de laultimahora.es