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Citado Pedro Sánchez como testigo en caso de corrupción
El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha citado a declarar como testigo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez
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El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha citado a declarar como testigo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el próximo día 30 de julio, a partir de las 11.00 horas, en la causa en la que investiga a su mujer, Begoña Gómez, por los delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias.
El instructor de la causa toma esta decisión en dos providencias comunicadas este lunes después de que el pasado viernes Gómez compareciera y se acogiera a su derecho a no declarar. Tras ello, la acusación popular ejercida por Vox anunció que pediría la declaración del presidente.
En la primera de las providencias, el juez cita a declarar como testigo a Pedro Sánchez, el próximo 30 de julio, a las 11.00 horas. La prueba testifical se practicará conforme establece el artículo 413 párrafo 12 de la Ley de Enjuicimamiento Criminal, por lo que será el magistrado quien se desplace a las dependencias donde se encuentra el despacho oficial y domicilio del testigo, el Complejo Presidencial de la Moncloa.
En la segunda providencia, el magistrado modifica la situación procesal del rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache Goñi, que pasa se ser testigo a tener la condición de investigado, y le cita para prestar declaración en calidad de tal el próximo 29 de julio a las 9.45 horas.
El coordinador nacional Jurídico de Vox, Jorge Buxadé, anunció el pasado viernes que pediría al instructor de la causa que cite al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como investigado después de que su esposa se negara a declarar en su segunda citación ante el juez Juan Carlos Peinado.
Gómez estuvo sólo 15 minutos en el Juzgado. Su abogado, Antonio Camacho, explicó a la salida que se había negado a declarar, “no porque tenga nada que esconder”, sino porque se está violentando el “sacrosanto” derecho a la presunción de inocencia con una investigación “prospectiva” que está prohibida por el Tribunal Supremo.
Vox pretende que sea el propio presidente del Gobierno quien dé cuenta de las reuniones que se celebraron en Moncloa y a las que pudo haber acudido. “lo importante es saber que ha sucedido en los despachos de Moncloa”, dijo Buxadé, que expresó su deseo de saber “cuantas empresas cotizadas sujetas a regulación del Estado se ha reunido” con su mujer.
“Si su mujer se ampara en el derecho a no declarar y no da las debidas explicaciones Sánchez tendrá que venir a declarar como testigo y explicar de qué hablaron en las reuniones en Moncloa, a cuantas empresas ha llamado para facilitar en su caso el trabajo de su mujer a través de todos esos artificios creados con la Complutense, la Organización Internacional del Turismo y todo ese complejo entramado que hay que desentrañar”, señaló.
SEGUNDA VEZ
La esposa del presidente del Gobierno acudió el pasado 19 de julio a los juzgados de Plaza de Castilla por segunda vez para declarar como investigada. En esa comparecencia se acogió a su derecho a no declarar. Ese mismo día se conoció el contenido del acta de la comisión mixta de seguimiento de la cátedra de Transformación Social Competitiva que Gómez había enviado la documentación sobre la gestión de su cátedra el pasado día 2 de julio, pero los responsables de la institución educativa se negaron a recibirla con el argumento de que el asunto estaba siendo investigado por la justicia.
La UCM había abierto una investigación interna que se cerró sin que se pudiera alcanzar una “conclusión definitiva” sobre si hubo algún perjuicio. Pese a ello, pidió al juez que investigara si hubo alguna irregularidad y denunciaba en su escrito “falta de colaboración”.
La citada comisión de seguimiento se reunió el día 2 de julio, fecha en la que Begoña Gómez entregó la memoria de actividades y la memoria económica de su cátedra correspondientes a 2023. El vicerrector y presidente de la comisión, José María Coello de Portugal, se negó a recibirla con el argumento de que había que ser “prudentes” y no recoger una documentación “que está siendo objeto de diligencias judiciales”, algo que no estaba ocurriendo en ese momento.
Según el acta, la universidad se puso en contacto con Begoña Gómez el 11 de junio para solicitarle información. Ella respondió al día siguiente, asegurando que iba a reunir la información que le solicitaban. Gómez fue citada por la comisión, pero no pudo acudir por la muerte de su padre. De nuevo se la citó el día 2 de julio, pero el día anterior, sin esperar a su comparecencia, la universidad pidió al juez que investigara y a continuación se negó a recibir la documentación, el día 2 de julio.
NUEVAS IMPUTACIONES
Éste no es el único movimiento realizado por el juez en los últimos días. El juez instructor modificó la pasada semana la condición del empresario Juan Carlos Barrabés, que pasó de ser testigo a investigado, tal y como he hace ahora con el rector de la Complutense. Ambos estaán citados a declarar el próximo 29 de julio.
Barrabés declaró el pasado día 15 de julio ante al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid en calidad de testigo. Tras su comparecencia, las acusaciones populares pidieron al magistrado Juan Carlos Peinado que le imputara y le volviera a citar a declarar.
Las acusaciones argumentaron en contra de las “respuestas evasivas” de Barrabés y criticaron la falta de concreción en sus explicaciones, por lo que juzgaron necesario que cambiara su condición de testigo a investigado, de manera que pueda “ejercer plenamente su derecho de defensa” en una nueva declaración en la que esté asistido por un abogado.
En su declaración del pasado día 15, el empresario explicó que acudió a La Moncloa varias veces para reunirse con Begoña Gómez y que en dos ocasiones coincidió con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Este es el motivo por el que la acusación popular quiere que Pedro Sánchez sea interrogado.
Innova Next, propiedad de Barrabés, está en el centro de las pesquisas tras haber recibido adjudicaciones públicas por valor de 10 millones de euros. Entre los contratos que están bajo la lupa del juez los hay suscritos con Red.es, con el Ayuntamiento de Madrid y con el Consejo Superior de Deportes.
(SERVIMEDIA)
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