Gabilondo y Saiz buscan optimizar el Ingreso Mínimo Vital para los más vulnerables

• También abogan por abordar de forma “coordinada” la situación de las salas de asilo de Barajas

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, coincidieron este martes en la necesidad de “optimizar” el acceso al Ingreso Mínimo Vital (IMV) para que llegue a la población “más vulnerable” y de abordar de forma “coordinada” la situación en las salas de asilo del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas desde la perspectiva de los derechos humanos.

Así lo acordaron en el transcurso de un encuentro en el que analizaron, entre otros asuntos, el acceso de la población vulnerable al Ingreso Mínimo Vital (IMV), aspectos relacionados con Seguridad Social y la situación migratoria, según precisó la oficina de Ángel Gabilondo en un comunicado.

El Defensor del Pueblo recibe “periódicamente” quejas de ciudadanos que dicen encontrar “dificultades” para acceder a la prestación del IMV, entre otros asuntos, por el “grado de complejidad” de los requisitos de acceso o la “falta” de asesoramiento presencial, hasta el punto de que esta es la prestación social que “más quejas suscita” en la institución.

En este contexto, durante la reunión, Ángel Gabilondo trasladó a la ministra la necesidad de implementar reformas legislativas que “mejoren” el acceso a la población “vulnerable” del IMV y la ministra, por su parte, evidenció el “hito” que, a su juicio, “ha supuesto para España la aprobación del IMV, cuyos itinerarios de inclusión se encuentran ya en fase de evaluación y suponen una política pionera en el marco europeo”.

En paralelo, también coincidió con el Defensor del Pueblo en la necesidad de “optimizar” el acceso al mismo de la población “más vulnerable”.

La institución Defensor recordó que lleva desde 2022 solicitando la adopción de medidas para hacer “más accesible” esta prestación social y ha emitido varios “recordatorios y recomendaciones” a las diferentes administraciones, “principalmente” al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Además, en el encuentro se trató la atención presencial y obtención de citas previas en la Seguridad Social, las incapacidades laborales y la extensión del permiso monoparental.

A este respecto, la ministra señaló que su departamento está trabajando para mejorar la atención a la ciudadanía y que ha observado que este esfuerzo “comienza a dar frutos”.

MIGRACIONES

Por otra parte, en la reunión se trataron asuntos sobre la cuestión migratoria, como la acogida humanitaria y la gestión de las llegadas irregulares, así como el sistema de protección internacional.

En este sentido, Ángel Gabilondo puso de manifiesto la situación de las personas que se encuentran en las salas de asilo en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, lugar al que miembros del Defensor del Pueblo realizaron una nueva visita el 20 diciembre y que dio lugar a la remisión de algunas “sugerencias” al Ministerio del Interior y al Ministerio de Migraciones.

La institución ha solicitado a la Secretaría de Estado de Migraciones, entre otros asuntos, que se garanticen “condiciones dignas” y se “proteja” la salud física y mental de las personas que temporalmente se encuentren en los puestos fronterizos.

Además, ha exigido que se “coordinen” actuaciones “conjuntas” con la Dirección General de la Policía, la Oficina de Asilo y Refugio y Aena para “acreditar”, asimismo, las previsiones contenidas en la Directivas 2013/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013.

En este punto, la ministra compartió la necesidad afrontar este “desafío” en coordinación con dichas autoridades y poniendo “siempre en el centro los derechos humanos”.

Por último, Elma Saiz informó al Defensor de que este mismo martes, en el Consejo de Ministros, se ha aprobado la creación de una Comisión Interministerial de Inmigración para tratar este “relevante asunto transversal”.

Asimismo, avanzó que en el mes de marzo se volverá a reunir la Conferencia Sectorial de Migraciones, en la que están representadas las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias, para “estudiar” la situación de este “fenómeno” que afecta “sobremanera” a países fronteras como España.

“Se trata de un reto que han de compartir todas las administraciones, porque la búsqueda de soluciones requiere un trabajo conjunto”, sentenció la oficina del Defensor.

(SERVIMEDIA)