La sanidad privada no puede lucrarse con la crisis sanitaria

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El Coronavirus o COVID-19 se ha expandido a prácticamente ya todos los países, la OMS lo considera pandemia y su extensión ha llevado a tomar medidas extraordinarias.

En la región de Wuhan y otras partes de China, el Estado ha mantenido una cuarentena extrema y movilizado todos los recursos a su disposición. Esto parece estar contribuyendo a limitar nuevos contagios. Ahora, en Europa se están aplicando medidas como la cancelación de clases y grandes eventos, el teletrabajo, y limitaciones al transporte. En España, se ha llegado a hechos sin precedentes; como la cancelación de las Fallas de València por primera vez desde 1939.

Aunque en estas fases iniciales, los sistemas sanitarios autonómicos están respondiendo como deben, es posible que la extensión de la epidemia llegue a colapsar hospitales. Al mismo tiempo, los centros privados de salud están cobrando cantidades elevadas por realizar pruebas del coronavirus; incluso están derivando pacientes a centros públicos.

Esta situación es inadmisible y requiere la intervención inmediata del Gobierno Central, el Ministerio de Sanidad y las administraciones autonómicas para poner al servicio de los ciudadanos absolutamente todos los recursos de las clínicas privadas. Tanto la Constitución Española (Art 128, Tít. VII) como la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio permiten estas acciones extraordinarias plenamente justificadas por el riesgo que implica la crisis del Coronavirus; tanto dentro de nuestro país como para países vecinos.