Según han confirmado fuentes jurídicas, el Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid cursó el pasado 10 de mayo el decreto de embargo de cuentas y del IRPF contra Pedro Barriuso, el que fuera máximo responsable de la división de Renovables de Iberdrola, contra Rafael Icaza de la Sota, director de control, y contra Ricardo Bravo, ejecutivo de Ibercyl, la filial de Castilla y León del grupo con sede en Bilbao, a través de la cual y según la Fiscalía se organizó una trama de corrupción para la concesión irregular de autorizaciones de parques eólicos en la comunidad autónoma entre 2003 y 2011.

Esto sucede después de que en 2021 la Fiscalía Anticorrupción formulara un escrito de acusación y pidió penas de cárcel de entre 4 y 42 años para cinco ex altos cargos de la Junta y 11 empresarios. Para los tres de Iberdrola el fiscal solicitó seis años de prisión.

Según fuentes próximas a Iberdrola, Icaza, el único de los tres directivos que continúa en la compañía energética y por tanto tiene que hacerse cargo de una multa de 11,25 millones, tal y como recoge en su informe anual, junto con la Junta de Castilla y León, que tiene que depositar 24 millones.

Junto a esta causa, recuerda El Confidencial, la relación entre Iberdrola y San Cayetano Wind también colea en la Agencia Tributaria. «En 2013, la Dependencia Regional de Inspección de Castilla y León dictó sendos acuerdos de declaración de responsabilidad solidaria de lberdrola Renovables Castilla y León por las deudas tributarias de IVA de 2007, 2008 y 2009 impuestas a la mercantil de los hermanos Esgueva. La agencia tributaria regional consideró que San Cayetano Wind prestó unos servicios de intermediación a lbercyl que debió facturar con IVA. La deuda tributaria total ascendía a 7,36 millones», apuntan.

«La eléctrica, que actualmente tiene a tres exministros del PP en distintos consejos de administración, recurrió estos acuerdos, así como los dictados en 2016 por la Delegación regional de Recaudación, hasta reclamar en el Tribunal Económico Administrativo Central, que redujo el alcance de su responsabilidad. La batalla jurídica se trasladó a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, cuya resolución aún estaba pendiente. San Cayetano Wind fue extinguida en 2013», concluyen.