El Pleno del Congreso de los Diputados debate este jueves la convalidación del real decreto ley que incluye el mecanismo ibérico para limitar el precio del gas y rebajar la electricidad, una medida que iniciará su aplicación el próximo 14 de junio en la subasta y tendrá efecto en el precio de la luz del día siguiente, tras recibir ayer el visto bueno de la Comisión Europea.

Con una duración de 12 meses, el tope al gas se aplicará durante el próximo invierno, período en el que los precios de la energía son más caros. En concreto, su vigencia vence el 31 de mayo de 2023. 

A grandes rasgos, la medida, que tendrá un coste para España de 6.300 millones de euros, emplea una fórmula matemática para limitar el precio del gas consumido por las centrales térmicas que es repercutido en las ofertas que fijan el precio del mercado mayorista de la electricidad, también conocido como pool.

Establece un precio de referencia del gas de 40 euros por megavatio hora (MWh) durante seis meses, que se incrementa en 5 euros por MWh al mes a partir de entonces, terminando en 70 euros para que haya una convergencia a la normalidad.

El precio de la electricidad resultante tras aplicar el mecanismo dependerá, principalmente, del precio del gas en el Mercado Ibérico del Gas (MibGas) y del precio del CO2.

Considerando 96 euros MWh para el gas y 80 euros tonelada para el CO2, el mecanismo dejará el precio medio del pool en menos de 130 euros MWh durante los 12 meses, frente a los más de 210 euros por MWh que se registrarían en su ausencia.

De este modo, la única electricidad que los consumidores pagarán a coste de gas será la producida con centrales de gas.

Esta reducción beneficiará a todos los consumidores de electricidad, tanto a los que tengan contratos con precios variables, indexados al pool -como el PVPC-, que lo notarán inmediatamente, como a los que tengan contratos con precios fijos, que lo percibirán si los renuevan o los cambian durante el año de vigencia del mecanismo. Únicamente los consumidores con contratos a precios fijos a largo plazo que venzan después del año de aplicación de la medida no se verán afectados por la medida.

Así, el 37% de los hogares, acogidos al PVPC, experimentarán una reducción inmediata en las facturas. En el caso de la industria, la rebaja dependerá del grado de indexación al pool de sus suministros energéticos, normalmente mayoritarios. Para los demás consumidores, con contratos de precio fijo, la rebaja final dependerá de las condiciones pactadas con la compañía eléctrica, pero obtendrán precios más bajos porque la medida reduce los precios mayoristas que sirven de referencia.

Este efecto reductor en cascada también ayudará a contener el IPC, afectado por las tensiones en los costes energéticos.

Las centrales térmicas de gas, los ciclos combinados, seguirán cobrando lo necesario para garantizar el suministro eléctrico. Este coste se repercutirá únicamente sobre los consumidores beneficiados por la medida en cada momento y siempre será menor que el ahorro final proporcionado por ella.

Adicionalmente, la rebaja de los precios del pool recortará los beneficios extraordinarios que están obteniendo las empresas generadoras de electricidad con la coyuntura actual. La medida es complementaria con la minoración de gas, para frenar la escalada de precios y revertir parte de esos beneficios extraordinarios a los consumidores.

El real decreto ley también incluye el mandato de modificar la metodología de cálculo del PVPC para incorporar referencias basadas en una cesta de productos a plazo y del mercado diario e intradiario. De este modo se combinará la estabilidad con incentivos para la eficiencia energética, el almacenamiento y la gestión de la demanda. Se prevé que el nuevo PVPC empiece a aplicarse desde el inicio de 2023.