¡ VERGONZOSO! Margarita Robles sabía que estaba siendo espiada cuando negaba que se espiase al independentismo
Lo de Margarita Robles no tiene nombre, personas así deben asumir responsabilidades y dimitir ya que ponen la democracia en peligro.
Actualidad - España06/05/2022 RedacciónLa ministra de Defensa, Margarita Robles, negó recientemente negó que se hubiese utilizado el software Pegasus para espiar a líderes del independentismo. Pero lo hizo sabiendo todo el tiempo que ella misma y el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también habían sido espiados.
El escándalo de Pegasus da un nuevo giro después de que la ministra de Defensa y responsable política del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) admitiese que conocía que desde hace un año tanto ella como Pedro Sánchez, presidente del gobierno, también estaban siendo espiados a través del famoso software.
La noticia es un terremoto político que ya ha provocado distintas reacciones y movimientos en el arco parlamentario. Por un lado, diputados del PSOE han filtrado a los medios que piensan que la negativa de Robles a admitir en sede parlamentaria sobre el espionaje del CNI a los diputados catalanes tiene que ver con el conocimiento de que su teléfono también estaba pinchado. Por otro lado, el diputado de EH-Bildu Jon Iñarritu plantea que la revelación de esta información, aunque veraz sería también una forma de distraer la atención mediática del ataque a los derechos democráticos que fue el espionaje al independentismo por parte del Estado español.
Para Oriol Junqueras, líder de Esquerra Republicana, el gobierno ha perdido credibilidad con lo sucedido al tratar de cubrir el escándalo del espionaje con esta nueva información. Junqueras señala que independientemente de este nuevo suceso, el gobierno español no puede esquivar la responsabilidad de haber espiado a 60 personas del movimiento independista catalán. Argumenta que es un golpe a la confianza que cualquier demócrata pueda tener en el Ejecutivo actual y expone la hipocresía de escudarse detrás de la ley para no admitir el espionaje al independentismo al mismo tiempo que revelan cuando es conveniente lo sucedido a miembros del gobierno español.
Tanto para Junqueras como para Jon Iñarritu, de EH Bildu, parece conveniente que la información sobre Robles y Sánchez se haga pública justo ahora que el Gobierno debía responder sobre las escuchas a diputados catalanes, como una manera de construir un relato favorable para cubrir una crisis política.
Desde Podemos se ha pedido explicaciones para saber si se ha espiado a ministros de su formación y se han pedido depurar responsabilidades políticas. Tanto Ione Belarra, secretaria general de Podemos como Pablo Iglesias, exsecretario y fundador de la formación, han señalado a Robles al ser la responsable política del CNI. Iglesias desde su posición mediática aprovecha también para pedir la cabeza de Fernando Marlaska, ministro del Interior, al entenderle también como coresponsable de la situación.
Desde el PP han aprovechado la crisis política abierta por este escándalo para mover ficha enviando presuntamente a una persona de confianza a filtrar a los diputados independentistas información sobre las escuchas. Según este individuo hasta 1.500 cargos públicos del Estado y autonomías estarían siendo espiados usando Pegasus, siendo el coste de 6.000 euros por teléfono pinchado, un precio muy por debajo del coste real que se supone que tiene esta actividad. Si bien esta persona asegura tener información de primera mano sobre lo que ocurre en el CNI, no ha querido aclarar si estas actividades comenzaron con el gobierno de Rajoy o si han sido iniciadas por el gobierno del PSOE.
Por parte del Gobierno han interpuesto a través de la Abogacía del Estado una denuncia que incluye dos informes elaborados por el Centro Criptológico Nacional con fecha del 30 de abril de este año. Dichos informes son la prueba principal del procedimiento.
El CNI por su parte habría confirmado hoy mismo que es imposible saber quien espió a los ministros o a Sánchez, tan solo que es posible saber dónde se descargaron los datos. No se descarta por tanto que puedan salir más casos en los próximos días, como por ejemplo el de la ex ministra de exteriores Arancha González Laya.
Comisión independiente y disolución de la CNI
El escándalo de las escuchas mediante el programa Pegasus, que ya no sólo ha sido utilizado conta los líderes independentistas catalanes, sino contra el propio Gobierno, muestra la podredumbre del régimen político español y la impunidad con la que siguen operando las “cloacas del Estado”.
Y si lo hacen, es porque existe una ley de Secretos Oficiales promulgada en 1968, en pleno régimen franquista, que permite que todo tipo de crímenes de Estado perpetrados por los servicios de inteligencia, las fuerzas policiales y parapoliciales cobijadas por los Gobiernos, sigan guardados bajo siete llaves. Incluso de hecho sucedidos hace más de 30 años, como el golpe del 23F, o las operaciones asesinas de los GAL, o las torturas de Billy el Niño y otros torturadores franquistas, que siguen clasificados.
Aunque ya se ha confirmado que Pedro Sánchez comparecerá ante el Parlamento para dar explicaciones sobre el espionaje denunciado por el Gobierno español, no habrá una comisión de investigación en el Parlamento sobre el uso de Pegasus tras los votos en contra de PP, Vox, Ciudadanos y PSOE. Pero, incluso en caso de que la hubiera, sería una comisión de opereta sujeta al control de los propios investigados.
Para enfrentar decididamente al “deep state” y terminar con el espionaje ilegal hay que empezar por tomar medidas que rompan el statu quo, empezando por tres que son elementales:
1) Formación de una Comisión de investigación independiente de las actuaciones del Estado, para determinar los hechos y lograr el juicio y castigo a los responsables materiales y políticos del espionaje;
2) Disolución del CNI, derogación de la Ley de Secretos Oficiales franquista y desclasificación de todos los archivos secretos en manos del Estado y sus servicios de inteligencia;
3) Cese de toda persecución política y la libertad de los presos políticos que todavía permanecen en la cárcel como consecuencia del procés y de todas las luchas sociales y ciudadanas.
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