En abril de 2020 el abogado general concluyó que las residencias privadas tenían muy limitado el derecho a una compensación, pero aun así Sanidad las indemnizó por conceptos que los servicios jurídico

Apenas un mes después del inicio de la primera ola –el 15 abril de 2020-, el secretario general técnico de la Consejería de Sanidad se dirigió a la Abogacía General de la Comunidad de Madrid para preguntarle si las residencias privadas debían recibir algún pago por el traslado de mayores a sus centros durante el estado de alarma. Sus conclusiones principales fueron dos: que esos centros “no tienen derecho al abono de contraprestaciones económicas», en virtud de la legislación de emergencia; pero que existe un resquicio, a través de la Ley de Expropiación Forzosa –una norma de 1.954-, que podía resultar “un cauce adecuado” para compensarlas. Eso sí, advierte que solo bajo una serie de “condicionantes”, que expone en su informe.

Medio año más tarde, entre noviembre y diciembre de 2020, comenzaron a llegar reclamaciones de las residencias afectadas a la Consejería de Sanidad que, apoyándose precisamente en el artículo 120 de esa norma, pedían un pago por esa intervención. 

Tal y como adelantó la SER, el Gobierno de Ayuso accedió a pagar más de un millón de euros a 15 centros privados basándose en esa ley, aunque ahora sabemos que lo hizo obviando las limitaciones de las que alertó el equipo de abogados de la Comunidad.