La Fiscalía del Tribunal Supremo ha decretado el archivo de las investigación abiertas sobre el patrimonio del rey Juan Carlos I. Lo acuerda en tres decretos firmados por el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, en los que afirma que no haya indicios de criminalidad suficientes para presentar una querella ante la Sala de lo Penal del Alto Tribunal.

Juan Carlos I estaba siendo investigado por las posibles comisiones del AVE a La Meca, los regalos recibidos por el multimillonario mexicano Allen Sanginés-Krause y el uso de tarjetas opacas al fisco y la fortuna oculta en la isla de Jersey.

El Ministerio Público considera que no cabe perseguir penalmente a Juan Carlos de Borbón por ser inviolable mientras fue jefe del Estado, porque los hechos estarían ya prescritos y porque el monarca procedió a realizar sendas regularizaciones fiscales. Además, apunta que no hay evidencias de delito para sustentar una querella.