Mientras Endesa aumenta sus beneficios, el PSOE rechaza la empresa pública de energia que quiere Unidas Podemos

El Congreso de los Diputados rechazará este martes tomar siquiera en consideración una proposición de ley de Unidas Podemos para crear una empresa pública que gestione las centrales hidroeléctricas cuyas concesiones expiren, instale nuevas centrales de renovables y comercialice energía: El PSOE, el PP, Vox, Ciudadanos y el PNV avanzaron su voto en contra, y sólo ERC, EH Bildu y partidos con uno o o dos escaños en la Cámara lo hicieron a favor.

El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, describió su propuesta como de “puro sentido común” y de “de consenso en el mundo desarrollado”, para bajar la factura de la luz y llevar a cabo la transición energética. Además, mencionó lo peligroso de que el suministro dependa de Rusia o de otros países sujetos a la geoestrategia.

Según dijo, ambos objetivos son difíciles cuando el 80% del abastecimiento eléctrico depende de “un oligopolio mafioso” que vació embalses y dejó a comarcas sin agua y amenazó con cerrar las centrales nucleares contra el Gobierno. “Es imperativo contraponer una gran empresa pública de energía”, exhortó, señalando que en la UE el 40% del accionariado de las energéticas es público y en España sólo un 5%, de forma que Francia ha podido bajar los precios, mientras Iberdrola reparte beneficios millonarios “al tiempo que exprime a las familias”.

Echenique reconoció “un intenso debate en el espacio progresista sobre qué hacer para frenar a la extrema derecha”, y diagnosticó, como viene repitiendo Unidas Podemos desde las elecciones de Castilla y León, que la forma es mejorar la vida de la gente. Por último, se dirigió al PSOE para ofrecerle modificar la proposición en el trámite, y avisarle de que no tomarla en consideración sólo beneficia al oligopolio y a los que “ante el espejo, ya se están probando el gorro de bisonte”, en alusión a alguno de los protagonistas del asalto al Capitolio, a quienes comparó con los manifestantes en favor de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el domingo pasado ante la sede del PP. 

También por Unidas Podemos intervino el coordinador de Alianza Verde, Juantxo López de Uralde, quien incidió en los argumentos ecológicos, defendió que el agua es un bien público y debe gestionarse de forma pública, y detalló algunas de las características que tendría la empresa pública de energía que propugna el grupo confederal.

El ‘no’ del PSOE lo argumentó Germán Renau, recomendando un buen diagnóstico para resolver el problema y censurando que no se explique cómo una empresa pública bajará la luz o hará que seamos más verdes. Metaforizó que no hace falta una fábrica pública de coches sino una ley regulatoria para proteger el medio ambiente, defendió que para acabar con la pobreza energética hay que aumentar los bonos sociales y concluyó que para bajar la factura de la luz no vale un plan a 20 años, sino un marco normativo y fortalecer las renovables. Sentenció que la empresa pública sería un fin en sí mismo y crearía un mero “corsé”.

"IDEARIO COMUNISTA"

En representación del PP, José Alberto Herrero advirtió a Unidas Podemos de que su empeño en crear nuevos organismos públicos sólo obligaría a aumentar los impuestos, y no sería la solución para bajar la luz; en primer lugar, porque las concesiones hidráulicas acaban en 20 ó 30 años. Recomendó en su lugar crear una ley de reserva estratégica y una garantía de mantenimiento de las reservas, y afeó que se pongan pegas a las iniciativas privadas de energías renovables alegando efectos en el paisaje. “Sólo beneficia a su ideario comunista”, remató.

Por Vox, intervino su diputada Mireia Borrás, quien dijo que “como toda iniciativa comunista”, ésta sólo establece un control estatal, cuando una empresa pública no rebaja la factura eléctrica, pues las que hay en Francia, Italia y México están en pérdidas. Prefiriendo los intereses del mercado a los de políticos, pidió no desviar la atención de las decisiones del Gobierno, a las que atribuyó la subida, y recomendó usar las centrales nucleares. Sí atacó a las centrales hidroeléctricas por vaciar los embalses, pero culpó de permitirlo a las confederaciones hidrográficas que dependen de las administraciones públicas.

La posición favorable de ERC la trasladó su parlamentario Joan Capdevila, que corroboró que es necesario acabar con el oligopolio eléctrico y establecer un control público para establecer precios justos y un sistema sostenible medioambientalmente y transparente, pero, citando a Luis de Góngora, constató que la iniciativa acabará “en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada”, y exhortó a UP a “hacerse propaganda con cosas menos serias”. 

En nombre de Ciudadanos, Mari Carmen Martínez enmarcó la iniciativa en “el manual del populismo”, que en la oposición sale a la calle y en el Gobierno, sin saber qué hacer, “te inventas cosas como éstas” para “prohibir el problema”. Sugirió, en su lugar, apostar por la energía nuclear, y concluyó que Cs votará en contra de la propuesta por “ineficaz y populista”, porque “con la ideología no se soluciona el problema”, y la empresa pública tendría que compensar las pérdidas con impuestos. Eso sí, defendió el punto de elaborar un informe sobre las concesiones existentes.

La diputada del PNV Miren Sagastizábal preguntó si el objetivo de Unidas Podemos es realmente reducir el precio de la energía, porque una empresa, por ser pública, no baja los precios, y también inquirió quién asumiría las pérdidas. Además, señaló que hasta 2030 o 2040 no acaban las concesiones que heredaría esta empresa, y subrayó que Francia ha abaratado los precios utilizando la energía nuclear y subiendo el capital social de la empresa pública, que tendrán que pagar los contribuyentes. Así, sintetizó que la idea “tiene más sombras que luces”.

PROPÓSITOS VISIBLES E INVISIBLES

El portavoz adjunto de EH Bildu, Oskar Matute, se declaró a favor del “propósito visible” de la iniciativa pero dudó de otros menos visibles, como el que Unidas Podemos la presente sin el PSOE y por tanto sin posibilidades de aprobarse ni que cambie la vida de la gente. También afeó que la empresa pública sólo se encargaría de la energía hidroeléctrica, apenas el 12% del total de la energía, y recomendó revertir todas las privatizaciones de bienes públicos.

Dentro del Grupo Parlamentario Plural, la diputada de JxCat Pilar Calvo calificó de “absolutamente oportuno” el empeño de UP, pero rechazó que una empresa estatal centralice los recursos de Cataluña, porque, cada vez que el Estado armoniza, “llega el expolio” y se engorda al “monstruo jacobino al que nos tiene acostumbrada la izquierda española”.

El diputado de Compromís, Joan Baldoví, y el del BNG, Néstor Rego, avanzaron su voto a favor. El primero denunció que el mundo liberal funciona según la fórmula de “lo de todos para unos pocos” y denunció el vaciamiento de embalses defendiendo que los servicios públicos gestionen los recursos de todos. Por su parte, Rego reprochó que en todas sus propuestas Unidas Podemos tiende a la recentralización pese a su retórica plurinacional. 

En el Grupo Mixto, Mireia Vehí (CUP) celebró como “muy buena noticia” y “una iniciativa imprescindible” la propuesta, para “recuperar el uso público del agua”, y recordó que su formación ya logró aprobar un informe sobre el estado de las concesiones. Además, denunció que “los del Ibex se forran” a costa de los consumidores, y culpó de “ecocidio” a las grandes empresas que luego “hacen campañas para pintarse la cara de verde”.

A su vez, Tomás Guitarte (Teruel Existe), que en general apoyó la iniciativa, recomendó ampliar los objetivos de la empresa pública y lamentó que el texto no mencionara el impacto sobre el mundo rural de las concesiones hidroeléctricas, de forma que su reversión debía conllevar un fomento de la repoblación.