La corrupción vuelve a afectar al PP y PSOE.Detenidos Rubio y Grau

La UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil ha detenido este jueves en las provincias de Valencia, Alacant, Madrid y Ciudad Real a más de una decena de personas en el marco de la causa judicial relacionada con el caso Azud, trama de corrupción relacionada con el cobro de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones de contratos de obras públicas a varias empresas por parte del Ayuntamiento de València. Entre los arrestados están el subdelegado del Gobierno central en la provincia de València, Rafael Rubio (PSOE); el exvicealcalde de la ciudad de València, Alfonso Grau (PP), y su hija; el constructor Jaime Febrer, propietario de la empresa CVC (Construcciones Valencia Constitución), o el jefe de los servicios jurídicos de Divalterra –empresa pública dependiente de la Diputación de València–, José Luis Vera, cuyo despacho en las dependencias de la Diputación ha sido precintado este jueves por dos agentes de la UCO.

  Se trata de la segunda fase de la causa judicial relacionada con el caso Azud, que arrancó hace tres años por presuntos delitos de cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias y que sigue bajo secreto de sumario. En la primera fase fueron detenidos los letrados José María Corbín –marido de Asunción Barberá, hermana de Rita Barberá (PP), y por tanto cuñado de la exalcaldesa de València– y Diego Elum, que comparten despacho de abogados. Asunción Barberá y las tres hijas que tiene con Corbín también están imputadas en el caso; sin embargo, una de ellas –Asunción Corbín Barberá– ha sido fichada este mismo mes de mayo por la portavoz del PP en el Ayuntamiento de València –y presidenta del partido en la ciudad–, María José Catalá, como asesora de prensa del grupo municipal. 

Tras su detención, Rafael Rubio, hasta este mismo jueves subdelegado del Gobierno en València y miembro del PSPV-PSOE, ha sido destituido como subdelegado del Gobierno y suspendido de militancia en un partido con el que lo ha sido casi todo en la Comunitat Valenciana. 

Rubio fue, de 1996 a 2015, concejal y portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de València, portavoz del partido en la Diputación de València y parlamentario del PSOE en las Corts Valencianes. Tras abandonar las Corts fue asesor del Área de Urbanismo del Ayuntamiento de València y desde el pasado año 2020 hasta su destitución este jueves ha sido subdelegado del Gobierno en València. Rubio estaba ya imputado, en el caso Imelsa –relativo a presuntas contrataciones irregulares de Imelsa, empresa pública dependiente de la Diputación de València–, por los contratos de dos de sus asesoras en la Diputación, llevados a cabo en 2011. 

En el caso Imelsa también estaba ya imputado Alfonso Grau, que fue concejal del PP y vicealcalde –‘mano derecha’ de Barberá– en el Ayuntamiento de Valencia de 1995 a 2015, cuando abandonó el cargo tras ser imputado en el caso Nóos, en el que Iñaki Urdangarin –yerno del anterior jefe del Estado, Juan Carlos I– fue condenado a seis años de cárcel. Grau también ha sido imputado en los casos Taula, por presunto delito electoral, y Clepsidra, en el que en 2019  fue condenado a cuatro años de cárcel –nueve meses por cohecho y tres años y tres meses por blanqueo– por aceptar dos relojes de lujo de un empresario al que el Ayuntamiento de València había adjudicado contratos y por cambiar ambos relojes por otros más caros y abonar la diferencia en metálico. 

La corrupción vuelve así a afectar de lleno al bipartidismo de PP y PSOE, que marcó prácticamente todo el reinado de Juan Carlos I hasta su abdicación en 2014, acorralado también por sus propios escándalos económicos. 

El PAI del Grau

El alcalde de València, Joan Ribó, ha destacado este jueves que él ve una “estrecha relación” entre el caso Azud –y las detenciones de este mismo jueves– y la compraventa de terrenos –del entorno del circuito urbano de Fórmula 1 de València– incluida en el PAI (Proyecto de Adecuación Integrada) del barrio valenciano del Grau, proyecto urbanístico que Ribó ya denunció ante la Fiscalía Anticorrupción en 2014, cuando ejercía de portavoz municipal de Compromís, y en el que considera que aún “hay mucha tela que cortar”. Ribó ha subrayado asimismo que la denuncia la hicieron “grupos alternativos de la izquierda” y que la hicieron “en un momento bipartidismo” y ha insistido en la necesidad de que la justicia clarifique el asunto de la forma “más rápida posible” y llegue “hasta el final”. 

La compraventa de terrenos incluida en el PAI del Grau fue denunciada ante Anticorrupción por presuntas irregularidades, entre ellas la disparidad de precios. Por ejemplo, un terreno se pagó a menos de tres euros el metro cuadrado –mediante una permuta por otro en el municipio valenciano de Gestalgar–, y otros dos –propiedad de la empresa CLH (Compañía Logística de Hidrocarburos), que ubicaba en ellos sus antiguos depósitos– se pagaron a casi 3.000 euros el metro cuadrado, por lo que –teniendo en cuenta que ocupaban algo más de 100.000 metros cuadrados– el conglomerado de empresas Acinelav Inversiones 2006 –integrado entre otras por CVC, propiedad de Jaime Febrer, el constructor detenido este jueves– pagó por ellos casi 300 millones de euros a CLH.. 

Según Ribó, las detenciones de este jueves podrían acabar probando “la vinculación definitiva de la familia Barberà-Corbín con los negocios oscuros de la Corporación municipal a lo largo de la primera década de los 2000, que salpican presumiblemente a los dos grandes partidos que la conformaban, a través de mordeduras a los contratos públicos”.

(laultimahora)