El planteamiento que hace el Gobierno de cobrar peajes, puede perjudicar a las clases medias y bajas

FACUA-Consumidores en Acción rechaza que el Gobierno esté planteando una ley que supondrá cobrar un peaje a todos los usuarios por el uso de las carreteras, tanto estatales como regionales, a partir del año 2024.

El texto que ha enviado ya el Ejecutivo a Bruselas recoge la medida de un «mecanismo de pago» para avanzar hacia «la internalización de los costes internos» bajo el principio del «usuario pagador» y de que «quien contamina, paga«. El Gobierno también indica que pretende la implantación de este pago primero en la red de alta capacidad (autopistas y autovías) y posteriormente a otras redes «de forma progresiva«.

En este sentido, la asociación considera que el mantenimiento de las carreteras estatales debe financiarse a través de los Presupuestos Generales del Estado, de manera que el dinero necesario para que el mantenimiento de las vías salga de los impuestos directos de los ciudadano.

FACUA, además, advierte de que esta medida terminará afectando más a los usuarios que tienen menos poder adquisitivo, que sufrirán un perjuicio mayor para poder hacer uso de vías que son de titularidad pública. Aunque el Gobierno sugiere implantar «reducciones o bonificaciones a ciertos colectivos menos favorecidos económicamente, o usuarios habituales en ciertos tramos» no concreta estos aspectos.

Mientras que la financiación a través de impuestos directos permite garantizar una cierta progresividad -de manera que los ciudadanos aportan en función de su nivel adquisitivo- la asociación señala que la implantación de un peaje en las carreteras supone un pago por igual a todos los usuarios, sin tener en cuenta criterios de renta o de capacidad económica, lo que perjudica, una vez más, a aquellos con menor poder adquisitivo.

Apuesta por el transporte público

De igual forma, esta medida supondría un claro perjuicio para aquellos usuarios que no viven en grandes núcleos urbanos, que tienen que usar estas vías de forma habitual para sus desplazamientos a centros de trabajo, colegios, hospitales, etc. Además, la asociación también critica que esta solución planteada por el Gobierno consistiría en un auténtico copago o repago, al obligar a los usuarios a financiar unas infraestructuras que ya pagaron a través de los impuestos.

Esta medida, además, se anuncia en un momento en el que no está existiendo una apuesta clara por el fomento del transporte colectivo eficaz y eficiente, de manera que represente en la práctica una auténtica alternativa al uso del automóvil para los desplazamientos de los usuarios.

El Ejecutivo ha justificado esta medida en que los costes de conservación de la red de carreteras de alta capacidad no son posibles de asumir de manera directa por los recursos presupuestarios. El texto remitido a Bruselas indica que esto está generando «un déficit acumulado de mantenimiento de la red, con una pérdida de su valor, así como con el consiguiente deterioro de la calidad del servicio y consecuencias en la seguridad vial«.

El Gobierno también indica a Bruselas que este peaje «generar incentivos hacia la mayor eficiencia en este modo de transporte, lo que a su vez redunda en una minoración de las emisiones de gases de efecto invernadero«. FACUA insta al Gobierno a, si el impacto medioambiental es uno de los motivos, garantizar un transporte público colectivo con infraestructuras suficientes y a un precio asequible como alternativa real al vehículo privado.